Por: Jairo Andrés Rendón Ph.D.
Follow @jairoaren Follow @OFRJaverianaDesde hace miles de años, el acceso al crédito ha sido regulado, y desde entonces, esto ha implicado mucho más que simplemente limitar las tasas de interés. El Código de Hammurabi, con más de 3,700 años de antigüedad, no solo establecía techos a las tasas, sino que también incluía exoneraciones en casos de desastres naturales, reconociendo que el crédito debe adaptarse a su contexto. Hoy, el debate sobre la tasa de usura en Colombia no debe limitarse a su modificación o eliminación; es crucial complementarlo con medidas que aborden las barreras estructurales que dificultan el acceso al crédito.
Esta semana, ANIF y Colombia Fintech propusieron discutir la necesidad de revisar la tasa de usura, señalando cómo puede restringir el crédito y exponer a los más vulnerables al gota a gota, una alternativa costosa y peligrosa. En el ámbito rural, se ha documentado que los techos en las tasas tienden a beneficiar a los grandes agricultores a costa de excluir a los pequeños, perpetuando desigualdades. Aunque eliminar la tasa de usura podría reducir estas inequidades, no resolverá los problemas de fondo.
El financiamiento rural presenta características únicas que dificultan el funcionamiento eficiente de los mercados de crédito. La dispersión geográfica de los productores, la falta de acceso a información confiable y los altos costos asociados con la validación y monitoreo de datos generan un entorno de asimetría de información que encarece el crédito. Esto incrementa la percepción de riesgo por parte de las entidades financieras, limitando su disposición a prestar o elevando significativamente las tasas para compensar dicho riesgo.
Además, las tasas de interés afectan directamente las decisiones de los agricultores. Se ha evidenciado que, ante tasas más altas, los agricultores tienden a optar por cultivos más riesgosos, lo que, sumado a los riesgos climáticos y económicos que ya enfrentan, incrementa su vulnerabilidad. Por lo tanto, si bien liberar las tasas podría ser un primer paso para facilitar el acceso al crédito, no será suficiente sin medidas complementarias que reduzcan estas barreras estructurales e incluso podría tener efectos adversos en la economía rural.
Las políticas orientadas a reducir las brechas del crédito rural deben incluir mecanismos para garantizar el cumplimiento de contratos, así como tecnologías de trazabilidad y herramientas de georreferenciación que mejoren la disponibilidad de información y disminuyan los costos operativos asociados al crédito. Estas medidas permitirían un monitoreo más eficiente del uso de los recursos y del desempeño productivo de los agricultores.
Desde el Observatorio Financiero Rural consideramos que el debate sobre la tasa de usura debe ser solo el comienzo de una discusión más amplia que aborde los problemas estructurales del crédito rural en Colombia, con el objetivo de construir un sistema financiero inclusivo que fomente el desarrollo sostenible y equitativo del campo.
Jairo Andrés Rendón Ph.D. 