Categoría: Finanzas Rurales

Crédito en el Catatumbo: Acceso limitado en una región de alta vulnerabilidad

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Desde el Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana, hemos analizado la realidad del crédito en el Catatumbo, una región que enfrenta desafíos económicos y sociales derivados del conflicto. Para atender la crisis en esta zona, el Gobierno decretó la conmoción interior y anunció la destinación de 2.7 billones de pesos para atender la emergencia. Parte de estos recursos se espera dirigir al fortalecimiento de la producción agropecuaria mediante nuevos créditos, alivios financieros y garantías.

Nuestro análisis se enfoca en los créditos desembolsados por las instituciones financieras en la región del Catatumbo, compuesta por 13 municipios, 11 en Norte de Santander y 2 en Cesar[1]. La única ciudad de carácter urbano es Ocaña, mientras que el resto de la región es predominantemente rural. En este contexto, comprender las condiciones actuales del crédito es clave para orientar adecuadamente las futuras intervenciones.

Durante 2024, las instituciones financieras desembolsaron $448 mil millones en 322,467 créditos, con una tasa de interés promedio del 20%. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos se dirigió al crédito de consumo, que representa el 94% del número de créditos y el 42% del monto total desembolsado. En contraste, el crédito productivo, clave para el desarrollo económico del territorio, representa el 21% del monto total, una cifra significativamente superior al promedio nacional, donde solo el 2% del monto del crédito está destinado a actividades productivas.

El crédito productivo es aquel dirigido al desarrollo de actividades económicas, con montos de hasta $171 millones de pesos. En el caso del sector agropecuario, este tipo de crédito es fundamental para pequeños productores, quienes dependen de él para financiar insumos, infraestructura y capital de trabajo.

Un dato relevante es la concentración del crédito en Ocaña, el único municipio urbano de la región. Allí se colocó el 68% del total desembolsado y el 81% del número de créditos. Esto evidencia que, aunque existen recursos financieros en el Catatumbo, estos no necesariamente están llegando a los municipios más rurales.

En cuanto a los mecanismos de garantía, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) respaldó 2,990 créditos por un total de $60 mil millones, lo que representa tan solo el 0.9% del total de créditos otorgados en la región y el 4.5% de los créditos en municipios rurales. Estos créditos respaldados por el FAG tuvieron una tasa de interés promedio del 13.2%, con un monto promedio de $20 millones. Aunque en los municipios rurales el FAG cubre el 36.1% del monto desembolsado, la cantidad de créditos con este beneficio sigue siendo baja.

Las cifras dejan un sabor agridulce. Si bien los pocos que acceden al crédito formal lo hacen en condiciones relativamente favorables, la cobertura sigue siendo insuficiente y la oferta de crédito no alcanza a una porción significativa de la población. Si el objetivo del financiamiento público es fortalecer la producción agropecuaria en el Catatumbo, es fundamental no solo garantizar la disponibilidad de recursos y mecanismos de garantía, sino

[1] En este análisis consideramos los municipios de Norte de Santander: Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata; y en Cesar: Río de Oro y González. El decreto de conmoción interior incluye otros municipios no considerados en este análisis.

Retos del Crédito Rural: Más Allá de la Tasa de Usura

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Por: Jairo Andrés Rendón Ph.D.

Desde hace miles de años, el acceso al crédito ha sido regulado, y desde entonces, esto ha implicado mucho más que simplemente limitar las tasas de interés. El Código de Hammurabi, con más de 3,700 años de antigüedad, no solo establecía techos a las tasas, sino que también incluía exoneraciones en casos de desastres naturales, reconociendo que el crédito debe adaptarse a su contexto. Hoy, el debate sobre la tasa de usura en Colombia no debe limitarse a su modificación o eliminación; es crucial complementarlo con medidas que aborden las barreras estructurales que dificultan el acceso al crédito.

Esta semana, ANIF y Colombia Fintech propusieron discutir la necesidad de revisar la tasa de usura, señalando cómo puede restringir el crédito y exponer a los más vulnerables al gota a gota, una alternativa costosa y peligrosa. En el ámbito rural, se ha documentado que los techos en las tasas tienden a beneficiar a los grandes agricultores a costa de excluir a los pequeños, perpetuando desigualdades. Aunque eliminar la tasa de usura podría reducir estas inequidades, no resolverá los problemas de fondo.

El financiamiento rural presenta características únicas que dificultan el funcionamiento eficiente de los mercados de crédito. La dispersión geográfica de los productores, la falta de acceso a información confiable y los altos costos asociados con la validación y monitoreo de datos generan un entorno de asimetría de información que encarece el crédito. Esto incrementa la percepción de riesgo por parte de las entidades financieras, limitando su disposición a prestar o elevando significativamente las tasas para compensar dicho riesgo.

Además, las tasas de interés afectan directamente las decisiones de los agricultores. Se ha evidenciado que, ante tasas más altas, los agricultores tienden a optar por cultivos más riesgosos, lo que, sumado a los riesgos climáticos y económicos que ya enfrentan, incrementa su vulnerabilidad. Por lo tanto, si bien liberar las tasas podría ser un primer paso para facilitar el acceso al crédito, no será suficiente sin medidas complementarias que reduzcan estas barreras estructurales e incluso podría tener efectos adversos en la economía rural.

Las políticas orientadas a reducir las brechas del crédito rural deben incluir mecanismos para garantizar el cumplimiento de contratos, así como tecnologías de trazabilidad y herramientas de georreferenciación que mejoren la disponibilidad de información y disminuyan los costos operativos asociados al crédito. Estas medidas permitirían un monitoreo más eficiente del uso de los recursos y del desempeño productivo de los agricultores.

Desde el Observatorio Financiero Rural consideramos que el debate sobre la tasa de usura debe ser solo el comienzo de una discusión más amplia que aborde los problemas estructurales del crédito rural en Colombia, con el objetivo de construir un sistema financiero inclusivo que fomente el desarrollo sostenible y equitativo del campo.